MÉXICO, 2 jul (IPS) - Organizaciones no gubernamentales de América reclaman que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apliquen políticas a favor de la energía sostenible y que ayuden a afrontar el cambio climático.

Entidades de la sociedad civil enviaron comentarios a ambas instituciones, con sus respectivas sedes en Washington, sobre la estrategia contra el cambio climático del BID y el plan energético del BM para los próximos 10 años.

En el primer caso, 10 organizaciones de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú plantearon al BID reducir el impacto de su cartera de proyectos en el cambio climático, respetar los derechos de las comunidades, fortalecer la rendición de cuentas, financiar energías renovables y abandonar las fuentes de origen fósil y las represas.

"Hay una necesidad de coherencia de la política frente a lo que terminan financiando", comentó a IPS Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, por sus siglas en inglés), una de las firmantes.

"Se debe priorizar el acceso energético sostenible, que hagan una evaluación de las comunidades en situación de pobreza que pretenden apoyar y ver las mejores opciones disponibles", agregó. El BID, presidido por el colombiano Luis Alberto Moreno, abrió una primera fase de consultas a organizaciones de la sociedad civil entre el 26 de abril e igual fecha de mayo, y emprenderá una segunda etapa del 30 de julio al 30 de octubre, centrada en el borrador de la estrategia contra el cambio climático.

En noviembre y diciembre, el BID, fundado para promover el desarrollo y reducir la pobreza en la región, recibiría más comentarios y tiene previsto para abril de 2011 dar a conocer la versión final del documento.

"Esperamos que escuchen los mensajes de las organizaciones, especialmente los impactos que pueden generarse en ámbitos sensibles para la conservación de la biodiversidad y los derechos de la población local e indígena", dijo a IPS César Gamboa, de la no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales de Perú, otra de las firmantes.

Gamboa también demanda "que se incorporen estas recomendaciones en las futuras estrategias".

En su asamblea anual, realizada en marzo en México, los gobernadores del BID --ministros de Finanzas o directores de los bancos centrales de los países miembros-- acordaron una capitalización por 70.000 millones de dólares, mayor transparencia en la asignación de fondos y atención al cambio climático.

El objetivo de la estrategia en debate es servir de instrumento rector para aumentar el apoyo del banco a actividades de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, cita la propuesta del BID.

"Queremos que se incorporen propuestas sostenibles desde la óptica ambiental y social", sostuvo ante IPS Margarita Flórez, del no gubernamental Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos de Colombia. "Existe una dicotomía entre lo que los gobiernos y la banca expresan en torno al cambio climático, y lo que los mismos actores consideran como proyectos para su matriz energética", añadió.

En México, el BID ha destinado más de 100 millones de dólares para proyectos privados de energía eólica, especialmente en el sureño estado de Oaxaca, pero sus beneficios energéticos y financieros no llegan a las comunidades, denuncian los activistas.

En 2009, ese banco prestó a América Latina más de 15.500 millones de dólares, de los cuales 3.127 millones se entregaron a México, seguido por Brasil, con 2.959 millones de dólares, y Argentina, con 1.601 millones de dólares.

El BIB "debería priorizar las inversiones en eficiencia energética y en energías verdaderamente renovables y limpias, que promuevan efectivamente la mitigación y la adaptación al cambio climático, y desincentivar las que causan graves impactos", plantearon las agrupaciones.

En ese sentido, propusieron que se prioricen las iniciativas de desarrollo local y descentralizado, así como el diseño de políticas y directrices participativas y transparentes, "para contribuir al fortalecimiento de la gobernanza y evitar el aumento de conflictos sociales".

El BID menciona que "centrará su atención en sectores económicos esenciales", como la agricultura, la gestión de los recursos hídricos, el desarrollo urbano y obras de infraestructura.

El acento de otras 13 organizaciones del continente sobre la estrategia energética del BM también está puesto en las dimensiones de los derechos de las comunidades, las energías verdes y la transparencia en la elaboración, ejecución y rendición de cuentas de los proyectos.

Entidades de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, México y Perú quieren que el BM priorice el acceso energético equitativo y sostenible, y evalúe los efectos históricos, actuales y futuros de su financiación en el ambiente, el clima y las comunidades intervenidas.

Entre febrero y junio, el banco captó comentarios de la sociedad civil mundial y entre julio y septiembre estructurará un borrador de su estrategia, para recibir más consultas en noviembre y diciembre.

Entre febrero y abril de 2011 la máxima dirigencia del BM debatirá y publicará el documento final.

"Se debe reevaluar cómo debería plantearse la demanda y oferta de energía y el rol del banco. Además, tiene que contabilizar el impacto histórico de los proyectos que se financian y ver las mejores alternativas posibles. No hay indicadores claros de si se redujo la pobreza con un proyecto", apuntó Puentes.

En 2009, esta institución le prestó 17.900 millones de dólares a América Latina, con Brasil, México y Colombia entre los mayores receptores.

Desde la creación del Panel de Inspección del Grupo del Banco Mundial en 1994, la tercera parte de los casos que se han presentado por no haber cumplido con los estándares o políticas de salvaguarda, están vinculados con proyectos de energía e infraestructura.

"El BM tiene un rol preponderante en la región, como un banco que influye y produce conocimiento. En ese sentido, tiene una oportunidad de un diálogo político que pueda cambiar las políticas 'extractivistas' insostenibles en la región, especialmente en la cuenca amazónica", planteó Gamboa.

Entre los impactos hallados por el Panel de Inspección figuran falta de consulta a los afectados por los proyectos, incumplimiento de los planes de reubicación, inadecuada participación de las comunidades en los beneficios y transgresión de las políticas y estándares ambientales y sociales.

"Tiene que demostrar con indicadores que el tipo de obras (que financia) tienen un beneficio general y que no sólo apoya la construcción de mega obras, que favorezcan la expansión de poderosos sectores económicos", sostuvo Flórez.

"Un segundo aspecto es que la matriz energética de los países sí esté enfocándose a energías limpias", concluyó. (FIN/2010)

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